La banca de diputado todavía mantiene a salvo a «Perucho Cassani», de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito. Cuando explotó la causa Pyramis en noviembre de 2015, Pedro Cassani ya era diputado con mandato y había sido reelecto.
Esa causa, resultado de una investigación de la Justicia Federal, pasó en 2016 al fuero provincial. Recién en 2019, Cassani fue citado a declaración indagatoria. Pero el legislador y presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, se negó a declarar.
Hasta el día de hoy, la juez de la causa Josefina González Cabañas y el Fiscal Gustavo Roubineau, no pueden procesarlo, a pesar de haberlo citado a indagatoria en calidad de imputado por el supuesto delito de “enriquecimiento ilícito“, debido a los fueros parlamentarios que supuestamente benefician al líder del partido ELI y diputado desde 2011 hasta la fecha.
Para Pedro Cassani, ser diputado es conservar la “inmunidad” ante los requerimientos de la Justicia. Esos fueros, hasta hoy discutidos, representa para la ciudadanía la esencia de la impunidad. A pesar de que no trascienden detalles del estado de la causa, expresiones de funcionarios del fuero local, dan cuenta de que ya en primera instancia y luego ratificado por la Cámara de Apelaciones, el beneficio que Cassani goza, fue declarado inconstitucional.
Es decir, si los fueros en los que se ampara Pedro Cassani, han sido interpretados por la juez interviniente y los miembros de la Cámara como inconstitucionales, se presupone que el último recurso del legislador ha sido presentado ante el Superior Tribunal de Justicia. Obviamente, en la creencia de que el máximo órgano de la justicia correntina dejará que el expediente “dormido se convierta en olvido”.
El Fallo
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes resolvió en mayo de 2023 sobre las penas acordadas en el juicio abreviado en la causa de la cooperativa Pyramis.
Condenaron a 4 años y 6 meses de prisión para Mario Argentino Boschetti, quien se desempeñaba como consejero, en tanto que Lisandro Gabriel Boschetti (tesorero) y Carlos Ramón Contrera (cadete) recibieron 3 años de prisión en suspenso. En el juicio del 13 de abril, el TOF condenó a Rodolfo Siviero a 4 años 6 meses de prisión y absolvió a su pareja, Ana Karina Alonso.
Todos enfrentaron cargos por el delito de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen delictivo por haberse cometido con habitualidad y en banda, realizados desde esa entidad entre 2012 y 2015. Dispuso además el decomiso de los vehículos e inmuebles y dinero en efectivo involucrados en la investigación, que ascienden a la suma de $ 37.513.111,99, y también multas por el doble de ese valor.
El Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel, junto a los responsables de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco y Laura Roteta, y el auxiliar fiscal Juan Argibay Molina. En el caso, también intervino la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), que encabeza María del Carmen Chena.
El caso
A través de un accionar ajeno a las disposiciones del Banco Central, la cooperativa Pyramis habría obtenido alrededor de $ 68,5 millones de personas ajenas a la entidad y capitalizado más de$ 9,5 millones en intereses, con al menos 212 clientes confirmados.
Recibía dinero de otras empresas para destinarlo a préstamos, garantizando su cobro con cheques o pagarés emitidos por quienes tomaban el dinero. En el debate, se determinó que Siviero y Contreras operaban desde un local dedicado a negocios inmobiliarios, en connivencia con Mario Argentino y Lisandro Boschetti, integrantes del consejo de administración de Pyramis, junto al gerente y socio fundacional César Octavio Gelmi, quien falleció durante el proceso.
De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Flavio Ferrini, al menos desde 2012 hasta octubre de 2015 Pyramis se desempeñó como una entidad financiera bajo la apariencia jurídica de una cooperativa, a través de la cual los imputados habrían desarrollado una operatoria que consistía en la captación de fondos del público que luego eran utilizados para el otorgamiento de préstamos.
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