Juan José López de Simóni ratificó prioridades del Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan José López de Simóni, entrevistado por Rubén Duarte e Inés Bobadilla en LT7, expresó que constituye “un verdadero honor” continuar al frente de la cartera durante la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, destacando la confianza depositada para dar continuidad a un trabajo que considera central para la vida institucional de Corrientes. Señaló que su función se inscribe en un área que, si bien no se caracteriza por la ejecución de obras visibles, resulta fundamental por su incidencia directa en el ejercicio, la defensa y la promoción de los derechos de las personas.

En ese marco, López de Simóni explicó que el Ministerio de Justicia abarca competencias que atraviesan la vida ciudadana en su totalidad, comenzando por el Registro Civil, al que definió como el recorrido administrativo que acompaña a cada persona “desde que nace hasta que termina su existencia”. Subrayó la importancia de esta función y remarcó el proceso de modernización que se viene desarrollando, con la digitalización de partidas de nacimiento, matrimonio y otros documentos hasta el año 1940.

El ministro destacó que actualmente cualquier ciudadano puede acceder a su partida a través del sitio web del Registro Civil, lo que consideró un avance significativo en materia de accesibilidad y simplificación administrativa. Al mismo tiempo, aclaró que se mantiene la atención presencial para asistir especialmente a personas mayores o con dificultades en el uso de herramientas tecnológicas, garantizando que la modernización no implique exclusión.

Otra de las áreas bajo la órbita del Ministerio es la Inspección General de Personas Jurídicas, a la que calificó como clave tanto para el ámbito comercial y societario como para la vida institucional de clubes, asociaciones civiles, comparsas y organizaciones no gubernamentales. López de Simóni explicó que la personería jurídica otorga derechos equivalentes a los de una persona física, aunque vinculados a un fin específico, por lo que resulta indispensable mantener la documentación en regla.

En ese sentido, señaló que las entidades deben asumir la misma responsabilidad que un ciudadano individual al momento de realizar trámites, ya que “así como una persona debe exhibir su DNI o su pasaporte, las personas jurídicas deben exhibir la documentación correspondiente”. Remarcó que la regularidad administrativa es una condición necesaria para el normal funcionamiento institucional y para el acceso a distintos beneficios o gestiones ante el Estado.

NIÑEZ, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

El ministro dedicó un tramo central de sus declaraciones a la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia, a la que definió como un área “tremendamente compleja” y de alta sensibilidad social. Reconoció el trabajo y la dedicación del personal que se desempeña en este sector y explicó que desde hace dos años se viene desarrollando un proceso de reorganización profunda, tras el reemplazo del antiguo Consejo de la Niñez por una dirección con dependencia directa del Ministerio de Justicia.

López de Simóni afirmó que este proceso implicó una tarea “prácticamente refundacional”, orientada a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y a mejorar la articulación institucional en la protección de niños y adolescentes, incluyendo la gestión de los hogares de cuidado. Subrayó que se trata de un trabajo sostenido que requiere planificación, recursos humanos capacitados y una mirada integral sobre las problemáticas involucradas.

En relación con las consultas recibidas sobre el pago de becas en el área de niñez, el ministro aseguró que la situación se resolverá durante la semana en curso. Explicó que la demora obedeció a un trámite administrativo propio de la renovación anual de las becas y precisó que el proceso debe atravesar varias instancias internas, lo que genera una dilación temporal.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo para que esta semana salga el pago”, afirmó, al tiempo que destacó el compromiso y la vocación de quienes trabajan en el área. Indicó que, si bien no podía precisar un día exacto, el seguimiento del trámite es permanente para cumplir con las personas involucradas en el menor plazo posible.

Otra de las áreas mencionadas fue el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, al que definió como una temática “muy compleja y muy actual” debido a la repercusión social de estos casos. A ello se suma el área de Derechos Humanos, donde se abordan cuestiones delicadas como la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, generalmente en articulación con la Justicia Federal.

JUSTICIA, INSTITUCIONES Y DEBATE PÚBLICO

El ministro subrayó que uno de los ejes centrales de su gestión es el fortalecimiento del acceso a la justicia, al que definió como un derecho esencial. “Yo siempre digo que la justicia es el templo de los derechos ciudadanos”, expresó, y sostuvo que el objetivo del Ministerio es garantizar un acceso irrestricto para que todas las personas puedan hacer valer sus derechos, en coordinación con otros organismos del Estado.

En ese marco, explicó la relación institucional entre el Ministerio de Justicia, que depende del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial, aclarando que se trata de competencias distintas pero complementarias. Señaló que esta articulación es necesaria para abordar cuestiones de gestión comunes, como la implementación del Código Procesal Penal, y adelantó su intención de mantener reuniones con los ministros del Superior Tribunal de Justicia para avanzar en una agenda compartida.

López de Simóni también se refirió al rol del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, a los que calificó como institutos “muy importantes” del sistema constitucional. Explicó que el Jurado de Enjuiciamiento es el órgano encargado de juzgar la conducta de los jueces, con excepción de los ministros del Superior Tribunal, mientras que el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo los concursos para la designación de magistrados.

Detalló que el proceso de selección judicial involucra múltiples instancias, desde la evaluación de antecedentes y oposición hasta la conformación de ternas elevadas al Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Afirmó que estos mecanismos, aunque poco visibles para la ciudadanía en la vida cotidiana, resultan fundamentales porque definen quiénes administran justicia y quiénes evalúan su conducta.

Finalmente, el ministro abordó el debate sobre la Ley de Modernización Laboral, señalando que considera necesario discutir las relaciones laborales en función de una normativa vigente desde 1974. Sostuvo que el debate debe incluir a todos los actores, en particular a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores, recordando que el derecho laboral es “un derecho protectorio, tuitivo” cuya esencia no debe perderse. Al mismo tiempo, remarcó la necesidad de evitar abusos y de contemplar las realidades regionales, proponiendo la discusión de convenios colectivos que reflejen las distintas condiciones económicas del país.