La elevación a juicio en la Megacausa Terrenos podría ser inminente

El Juzgado de Instrucción N.º 3 de Corrientes, bajo la dirección de la jueza María Josefa González Cabañas, dictó el 7 de mayo de 2025 una serie de medidas procesales en la causa PEX 249551/21, conocida como “Megacausa Terrenos”. La resolución fue firmada también por el prosecretario Joaquín A. Ruiz Cobo y marca un avance importante hacia la culminación de la etapa de instrucción.

Entre las medidas dispuestas se encuentra la formación del cuerpo LXXXII desde la foja 17.441, una práctica común en causas de alta complejidad que busca organizar el expediente para su análisis. Esta orden permite segmentar el voluminoso material probatorio, facilitando el trabajo del Ministerio Público y del juzgado interviniente.

Asimismo, se resolvió el traslado de vista al fiscal, conforme al artículo 354 del Código Procesal Penal de Corrientes. Este paso implica que el Ministerio Público Fiscal deberá pronunciarse sobre la posible elevación a juicio o el sobreseimiento de los imputados. Además, se notificó a todas las partes intervinientes, confirmando que el cierre de la instrucción se encuentra próximo.

DELITOS INVESTIGADOS Y RED DE IMPLICADOS

La causa investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la estafa mediante maniobras de falsificación documental y registral, principalmente en operaciones vinculadas a la venta irregular de terrenos en la provincia de Corrientes. Según fuentes judiciales, estas maniobras habrían afectado la integridad del sistema registral y catastral, especialmente en la zona del paraje Lomas.

Entre los más de veinte imputados se encuentran figuras relevantes como la escribana Gladys Dionisia Báez, detenida desde 2022, y Teresa Olinda Vázquez, procesada en 2024. Ambas habrían cumplido un rol clave en la red investigada, operando en conjunto con otros actores para validar inscripciones ilegales de inmuebles.

La investigación también apunta a exfuncionarios públicos que habrían facilitado o encubierto las maniobras investigadas. Este punto ha generado repercusiones en el ámbito político local, sobre todo por la cercanía de los comicios provinciales, en los que algunos sectores ven una posible conexión entre responsabilidades institucionales y gestiones anteriores.

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y EL CLIMA ELECTORAL

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó la decisión del Estado provincial de constituirse como querellante en la causa. “Las estafas al Estado requieren una investigación profunda para determinar responsabilidades”, expresó en declaraciones oficiales. Esta postura busca reforzar el compromiso institucional con la transparencia y el resguardo del patrimonio público.

La decisión fue respaldada por dirigentes del oficialismo, que valoraron el gesto como una señal de firmeza frente a los hechos investigados. No obstante, sectores opositores señalaron que la intervención del gobierno podría estar vinculada a fines electorales, dada la visibilidad del caso y su potencial impacto en la opinión pública.

Desde el Ejecutivo provincial se rechazaron estas interpretaciones, destacando que la decisión responde a la magnitud del daño patrimonial y a la necesidad de acompañar el proceso judicial. “Estamos del lado de la legalidad y de los intereses del pueblo correntino”, afirmaron voceros del gobierno.

El proceso judicial continúa con alto perfil institucional y mediático. En caso de que el Ministerio Público decida elevar la causa a juicio, se abrirá una etapa clave que podría convertir a la Megacausa Terrenos en uno de los juicios más significativos del Poder Judicial correntino en los últimos años.