Ricardo Caíto Leconte respaldó la reforma laboral y la baja de imputabilidad

El diputado provincial por La Libertad Avanza, Caíto Leconte, fue entrevistado en el programa Una Palabra, conducido por Rubén Duarte e Inés Bobadilla por LT7, donde repasó la trayectoria del Club de la Libertad al cumplirse el decimosegundo aniversario de su fundación.

Leconte contextualizó el origen de la entidad, recordó a sus impulsores y destacó la presencia de invitados especiales en el acto conmemorativo, entre ellos Agustín Laje y Diego Recalde.

Leconte explicó que el Club de la Libertad comenzó a gestarse formalmente en 2014, aunque el trabajo previo en torno a la difusión de las ideas liberales se remontaba a años anteriores. “Se concretó el 19 de febrero de 2014, pero nosotros veníamos trabajando con la idea de la libertad”, señaló. Enumeró a los integrantes fundadores del directorio —Alberto Medina Méndez, Carlos Moratorio, Carlos Hernández, Gustavo Duet, Edgardo Zagula, Enrique Arduino, fallecido en enero tras una larga enfermedad, y él mismo— y recordó la posterior incorporación de Tor Sheihin.

El legislador destacó que todos los miembros fundadores tenían una extensa trayectoria en la defensa de las ideas liberales, tanto desde el ámbito universitario como partidario. Mencionó la participación de Carlos Moratorio como candidato en la UBA en 1983 y explicó que la decisión de formalizar el club respondió a la percepción de que los partidos políticos habían dejado de ser espacios de debate ideológico. “Cuando vimos que en los partidos políticos ya no se debatían ideas… dijimos, tenemos que empezar”, expresó.

En ese marco, relató los vínculos establecidos con agrupaciones afines en Buenos Aires a partir de 2008 y 2009, como Libertad Querida y el Partido Liberal Libertario, y recordó acciones simbólicas realizadas durante el período del cepo cambiario. También mencionó debates organizados en Corrientes, entre ellos uno sobre el aborto, antes de formalizar la fundación. “El 19 de febrero del 2014 inició nuestra actividad como fundación”, precisó.

Leconte subrayó que el crecimiento del espacio fue sostenido pese al contexto adverso inicial. “Siempre defendimos las mismas ideas, nunca fue por cargos”, afirmó, al recordar que al momento de la fundación el liberalismo carecía de representación electoral significativa. Señaló que el actual presidente Javier Milei colaboró en reiteradas oportunidades con el club antes de asumir la primera magistratura y que visitó Corrientes en nueve ocasiones. “Pasado 12 años tenemos un presidente que fue uno de los grandes colaboradores para que el Club de la Libertad se pudiera mantener en el tiempo”, sostuvo.

Asimismo, destacó la figura de Agustín Laje, quien participará del aniversario y que, según indicó, acompañó al club en múltiples actividades, incluida la presentación de uno de sus primeros libros en Corrientes. Recordó que en 2020, durante la pandemia, la institución realizó 140 actividades virtuales. “Ese año, en 2020, nosotros tuvimos 140 actividades, como club, en plena pandemia”, señaló, al tiempo que valoró la continuidad del trabajo de difusión ideológica.

REFORMA LABORAL Y COMPETITIVIDAD

Consultado sobre la ley de modernización laboral en tratamiento en el Congreso, Leconte manifestó su respaldo a la iniciativa. “Yo tengo una mirada favorable”, afirmó, y sostuvo que la normativa vigente arrastraba más de medio siglo de antigüedad. Rechazó la idea de que la reforma implique pérdida de derechos y planteó que el objetivo central es incorporar a trabajadores informales al sistema formal.

“Acá lo que se busca es que 8 millones de trabajadores tengan derechos”, señaló, al describir la coexistencia de trabajadores registrados e informales en proporciones similares. En su análisis, la ampliación de la base de aportantes permitiría fortalecer el sistema previsional. Indicó que actualmente existen dos aportantes por cada jubilado y que el ideal sería alcanzar cuatro, lo que mejoraría las perspectivas futuras del sistema.

El legislador vinculó la discusión laboral con el esquema tributario y los costos de producción. Tomó como ejemplo la situación del sector textil en Corrientes y comparó la carga del impuesto a las ganancias en Argentina con la de Paraguay. “En la Argentina pagamos de impuestos a las ganancias 35%… y en el Paraguay pagan un 10%, 35% contra un 10%”, expresó. Señaló que una reducción prevista en el proyecto generó resistencias por su impacto en la coparticipación, y afirmó que la elevada presión impositiva afecta la competitividad.

En ese sentido, sostuvo que el gasto público pasó del 8% del PBI en la década de 1940 al 46% en la actualidad. “En el año 40, el Estado argentino nos costaba a los argentinos, el 8% de nuestro PBI, hoy nos cuesta el 46%, y no estamos mejor”, afirmó, y planteó la necesidad de reducir impuestos y hacer más eficiente la administración estatal para fortalecer el entramado productivo.

SEGURIDAD Y BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

En relación con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, Leconte manifestó su apoyo. “Sí, estoy de acuerdo”, respondió ante la consulta, y argumentó que el debate responde a situaciones concretas de violencia protagonizadas por menores. Sostuvo que no abordar la cuestión implicaría desatender una problemática que afecta a numerosas familias.

Relató casos en los que menores reincidieron en delitos graves y afirmó que existen organizaciones delictivas que utilizan a jóvenes por su condición de inimputables. Indicó que el proyecto contempla la creación de institutos específicos para menores, con penas diferenciadas respecto de los adultos, y remarcó que no se trata de enviarlos a cárceles comunes.

Leconte sostuvo que la iniciativa obtuvo más respaldo legislativo del esperado y que el debate trasciende divisiones partidarias. “No es un tema partidario, es un tema que cruza a toda la dirigencia”, afirmó. Señaló que la medida busca dar respuesta a una demanda social y establecer un marco legal que desaliente el uso de menores en delitos.

Finalmente, consultado sobre sus expectativas para el período legislativo 2026, expresó que su objetivo es profundizar lo que definió como “dar la batalla cultural”. “Tenemos que transparentar el manejo de la cosa pública”, sostuvo, y planteó la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto, reducir impuestos y garantizar mayor acceso a la información estatal, con el propósito de aliviar la carga sobre contribuyentes y emprendedores.