Estados Unidos confirma proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcotráfico

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos, según anunció la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, este sábado 3 de enero de 2026. La funcionaria precisó que el proceso judicial se desarrollará ante un tribunal del distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción federal que ha concentrado históricamente causas vinculadas a delitos transnacionales, crimen organizado y narcotráfico. El anuncio formalizó una acusación que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, involucra delitos considerados de alta gravedad en el marco de la legislación penal federal.

Pamela Bondi confirmó que ambos acusados deberán responder ante la justicia estadounidense en territorio de ese país y subrayó la determinación del gobierno federal de avanzar con el proceso judicial. “Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, declaró la fiscal general en un mensaje difundido a través de la red social X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela en el marco de una operación militar estadounidense. Según lo expresado por el mandatario, la intervención permitió la extracción de los acusados para su posterior sometimiento a la justicia en Estados Unidos. La confirmación presidencial dio respaldo político y operativo a la actuación de las fuerzas estadounidenses involucradas en el procedimiento, que fue presentado como una acción directa contra individuos reclamados por la justicia federal.

La noticia generó repercusión inmediata en el plano internacional, al tratarse de un jefe de Estado en funciones y de la primera dama de un país extranjero. Las autoridades estadounidenses enmarcaron la operación y el proceso judicial en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, delitos que, según sostienen, afectan directamente la seguridad y los intereses de Estados Unidos. La referencia al tribunal del distrito Sur de Nueva York anticipa un proceso judicial de alto perfil, con implicancias políticas y diplomáticas de alcance regional.

POSICIÓN DEL GOBIERNO DE TRUMP Y DECLARACIONES OFICIALES

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se refirió al caso a través de las redes sociales y sostuvo que el gobierno venezolano desoyó propuestas destinadas a evitar este desenlace. En sus declaraciones, afirmó que Nicolás Maduro fue “la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”, en alusión a la postura inflexible del actual gobierno estadounidense frente al narcotráfico. Vance vinculó el resultado de la operación a la negativa de las autoridades venezolanas a aceptar las condiciones planteadas por Washington.

En un mensaje publicado en X, el vicepresidente detalló que “el presidente le ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos”. La declaración expuso los ejes centrales de la posición estadounidense, que combinan la persecución penal por delitos vinculados al tráfico de drogas con reclamos económicos y energéticos. Según Vance, estas exigencias fueron comunicadas de manera explícita antes de la ejecución de la operación.

Vance también respondió a las críticas que calificaron la acción estadounidense como ilegal, defendiendo la legitimidad del procedimiento desde la perspectiva del gobierno federal. En ese sentido, sostuvo que Maduro era un fugitivo reclamado por la justicia estadounidense y remarcó que la condición de jefe de Estado no constituye un obstáculo para la aplicación de la ley. “No se puede evadir la justicia por narcotráfico en Estados Unidos por vivir en un palacio en Caracas”, afirmó el vicepresidente, reforzando el argumento de que el caso se encuadra en delitos comunes perseguidos por tribunales federales.